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  • Foto del escritorConstructora Ormiga

Modificaciones al Subsidio Mi Casa Ya deja en incertidumbre a 52.000 compradores de Vivienda


Basado en el informe de observaciones y respuestas al proyecto de decreto del Ministerio de Vivienda, que modifica las condiciones de acceso al programa de subsidio estatal para compra de vivienda nueva Mi Casa Ya, el Diario Portafolio[1] informó que 52.000 familias que se postularon a este Beneficio antes del inicio del gobierno de Gustavo Petro podrían quedar con esta ayuda truncada o al menos en el limbo, debido a la espera del giro de este Programa para firmar escrituras. Según el medio de comunicación, tendrán que seguir pagando arriendo mientras se define si son beneficiarios de Mi Casa Ya bajo el nuevo enfoque propuesto por la actual administración, que establece que los hogares postulados deberán contar con la encuesta Sisbén IV y tener una clasificación entre A1 y D20.


De acuerdo con información dada conocer por Portafolio, en el informe de observaciones y respuestas al proyecto de decreto del Ministerio de Vivienda no se contempla el proceso de transición para quienes se habían postulado y resultaron habilitados a Mi Casa Ya, hicieron un negocio con una constructora y están a la espera del Subsidio. En el documento el Ministerio de Vivienda declaró no aceptada una observación al proyecto de decreto que pedía que las modificaciones al Programa comenzaran a regir a partir de las nuevas postulaciones que se van a recibir durante el 2023.


El documento oficial publicado en la página del Ministerio de Vivienda indica que: “El estado “Habilitado” no constituye la asignación de un subsidio, ni convierte al hogar en beneficiario del programa. Este estado es el resultado de una primera verificación de requisitos del hogar, la cual indica que este cumplió con varios requisitos del programa y puede continuar con su proceso para acceder al subsidio. Sin embargo, esto no significa que la entidad de crédito o de economía solidaria haya solicitado la asignación del subsidio a Fonvivienda, por lo cual el hogar aún no es beneficiario del programa, por lo anterior, si el hogar desea continuar con su proceso para ser beneficiario de un subsidio deberá cumplir con la reglamentación que se encuentre vigente al momento de la asignación del subsidio”.


Según Portafolio, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) presentó nuevamente el 10 de marzo al Ministerio de Vivienda un documento con unas observaciones a esas respuestas y la entidad oficial no tuvo en cuenta este aspecto, con el que también coinciden el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Fondo Nacional del Ahorro (entidad estatal) y la Asociación Bancaria, entre otros. Advierte también que de aplicarse la nueva política estatal en la que el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) priorice a los hogares de manera previa a la verificación del cierre financiero y acceso a la oferta, habría hogares priorizados que a la larga no podrían acceder a los subsidios, por falta de cierre financiero o por no haber en el mercado la vivienda de su interés.


De acuerdo con las cuentas del sector constructor se estima que las 52.000 viviendas con postulantes habilitados a la espera de la firma de escrituras, implican una inversión de $6,3 billones como monto de las unidades habitacionales y de este valor, $4,4 billones representan el apalancamiento de los empresarios a través de crédito constructor.


Según el diario Portafolio, los constructores que iniciaron la edificación de estas viviendas y financiaron su ejecución con estos créditos, tendrán que pagar intereses mensuales del orden de $78.000 millones, un sobrecosto que hace inviable cualquier proyecto en cinco meses.


“Adicionalmente los 52.000 hogares que quedan en vilo o en el limbo por no existir el esquema de transición, tendrán que continuar pagando arriendo, al no poder habitar las viviendas por las que han ahorrado, cifra estimada en $20.400 millones mensuales”[2].


En su reporte, Portafolio concluye que el costo para Colombia y los hogares al no entregar estas viviendas asciende a $98.400 millones al mes, es decir casi $1,2 billones de pesos al año.


Así las cosas, esta decisión gubernamental le genera altos costos al país, al sector constructor y a 52.000 familias que esperan hacer realidad el anhelo de tener casa propia.

 

[2] Ibid

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